Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asesinaron al gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, a quien había secuestrado el lunes, hecho que causó conmoción en el país y plantea un nuevo desafío al gobierno del presidente Alvaro Uribe.

El secretario de la gobernación de Caquetá, Edilberto Ramón Endo, informó el hallazgo del cadáver del gobernador, de 69 años, que apareció en una localidad cercana a Florencia, capital del Caquetá y a unos 380 kilómetros al sudoeste de Bogotá.

El cuerpo de Cuéllar apareció en una zona despoblada, cerca del lugar donde los guerrilleros abandonaron e incendiaron el vehículo que usaron para escapar. Uribe dijo anoche que el funcionario fue degollado. Cuéllar había sido secuestrado la noche del lunes por un comando de las FARC, que mató a un policía en la casa del gobernador y destruyó con un explosivo la entrada para llegar hasta él y llevarlo como rehén. El crimen de Cuéllar fue considerado como uno de los más graves cometidos por la guerrilla desde que Uribe asumió el poder, en agosto de 2002.

Unos 2000 efectivos militares y de la policía habían sido desplegados para buscar al gobernador de Caquetá, un territorio que tradicionalmente ha tenido una fuerte presencia de las FARC. Apenas unas horas después del secuestro del gobernador, Uribe ordenó el rescate militar de todos los rehenes que se encuentran en poder de la organización insurgente, decisión que reavivó la angustia y el temor en los familiares de los retenidos por la posibilidad de un desenlace sangriento.

"He pedido a las fuerzas armadas que hagamos todos los esfuerzos para rescatar al gobernador de Caquetá y a los otros secuestrados que quedan en poder de estos bandidos", dijo Uribe horas antes de la aparición del cadáver del funcionario opositor. El gobierno de Uribe negociaba en los últimos meses la liberación de dos militares, uno de ellos cautivo desde 1997.

"Es la hora de tener mucha firmeza para avanzar en el rescate militar de los secuestrados. Nosotros no podemos seguir pendientes de los caprichos de los terroristas", agregó el mandatario, que, desde que asumió el poder prometió derrotar a las FARC, la guerrilla más antigua de América latina, que aún mantiene cautivos a 24 militares y a decenas de civiles.

"Les dije a las fuerzas armadas que por favor no esperemos actos de generosidad de estos bandidos, rescatemos militarmente a nuestros secuestrados??, añadió Uribe.

Durante el secuestro de Cuéllar perdió la vida uno de los policías del servicio y guardaespaldas del funcionario. Luego, los desconocidos irrumpieron en la casa de Cuéllar, salieron con él y lo subieron a un vehículo que se dirigió hacia una zona montañosa cercana a la ciudad.

Las fuerzas armadas colombianas realizaron ayer una operación envolvente por tierra y aire para tratar de rescatar a Cuéllar. Además, el gobierno colombiano había ofrecido una recompensa de 500.000 dólares por información que permitiera ubicar y rescatar al político, que ya había sido víctima de otros cuatro secuestros (ver aparte).

Las unidades de inteligencia del ejército y la policía atribuyeron el rapto a la columna Teófilo Forero. Creada en 1993, ésta es la estructura guerrillera más dinámica y que más réditos les dio a las FARC. La unidad está integrada por unos 600 hombres y mujeres, combatientes muy especializados y audaces. Se compone de seis compañías que operan en Huila y Caquetá, tanto en áreas rurales como urbanas.

El último secuestro de un mandatario regional en Colombia había ocurrido en abril de 2002, cuando las FARC tomaron como rehén al gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz y ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri. Ambos funcionarios fueron asesinados 13 meses después, en una fallida operación de rescate del ejército en el noroeste del país. Este antecedente y la muerte de 11 diputados del valle de Cauca, durante otro rescate fallido en 2007, despertaron la angustia de los familiares de los secuestrados, que consideran esas operaciones altamente peligrosas para las vidas de los cautivos.

El golpe de las FARC implica un nuevo desafío a la política de "seguridad democrática" de Uribe y una demostración de poder del grupo rebelde.

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