La Nación, 14 ene 2013.

El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas se derrumba. Entre los motivos están el desinterés de quienes todavía tienen armas y no participaron de las primeras etapas del programa, y los errores en la asignación de recursos por parte del Registro Nacional de Armas (Renar), ejecutor de esta promocionada política pública del Gobierno.

Pese a la reiterativa publicidad oficial que menciona las miles de pistolas y revólveres recuperados de las calles, las cifras que no muestra el Renar establecen que en los últimos tres años, en conjunto, fueron entregadas la mitad de las armas que en 2009.

Ese año se recogieron 51.672 armas a cambio de un incentivo económico de entre 300 y 600 pesos. Desde entonces, no se pasó la barrera de las 25.000 en total.

En el Renar, colonizado desde hace un tiempo por la agrupación La Cámpora, al igual que sucede en Fabricaciones Militares, no se brindan datos ni siquiera sobre la cantidad de armas registradas en la Argentina. El último parte oficial indicó en 2010 la existencia de 784.314 legítimos usuarios y 1.070.830 armas.

La información actualizada no sólo está vedada para la prensa, sino también para legisladores y ONG que forman parte del consejo consultivo del Renar. Incluso la Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un duro dictamen tras no obtener respuestas a sus pedidos. Sin embargo, datos oficiales fueron enviados el año pasado por la Cancillería a la oficina de las Naciones Unidas que se ocupa del tráfico de armas cortas.

Por ese documento rubricado por la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales de la Cancillería, puede conocerse que el plan de desarme no marcha tan bien como señala la propaganda oficial.

Si bien en ese informe se destacan las virtudes del proyecto, las cifras consignadas permiten visualizar que hasta 2009 el plan tuvo un empuje superior al observado desde entonces. Incluso en los datos de armas destruidas queda indicado que el 50% de las inutilizadas cada año no corresponde al plan de entrega voluntaria, sino a decomisos judiciales.

Por ejemplo, en 2010 fue más desproporcionada la relación de armas destruidas, ya que de 20.168 sólo 3227 correspondieron al plan de desarme. Y el almacenamiento de armas en el Renar no es lo más seguro, tal como quedó demostrado con el robo de 147 pistolas en diciembre pasado, revelado por LA NACION.

Según especialistas que siguen de cerca la marcha del programa, era esperable que, después del gran impulso de la primera etapa, entre mediados de 2007 y fines de 2008, hubiera una natural merma en la cantidad de armas que la gente entregaría. Pero sostienen que ahora la eficacia ha sido menor que la esperada porque el Renar no ha dispuesto suficientes puestos móviles de recepción de armas para ir a los lugares alejados de las delegaciones; porque no ha identificado por medio de trabajo de campo a qué lugares conviene ir con el plan, y tampoco ha realizado efectivos trabajos de concientización previos a la instalación de los puestos móviles.

Al igual que en otras dependencias en las que La Cámpora toma el control, el Renar no da cuenta pública de su actividad. LA NACION consultó a la dependencia sobre la errática marcha del plan, sin obtener respuestas hasta ayer.

La delegación argentina en la ONU presentó un escrito el 21 de marzo de 2012 en el que se informó: "Este programa de entrega de armas fue diseñado, elaborado, ejecutado en forma conjunta con la sociedad civil, en particular con la Red Argentina para el Desarme". Pese a formar parte del consejo consultivo, la RAD no obtiene datos sobre el plan desde 2010.

Oscuro financiamiento

La situación con la Auditoría General de la Nación es más grave. Se le negó acceso a información que había requerido. El 14 de noviembre pasado, la AGN emitió un dictamen en el que cuestionó las trabas encontradas en el Renar. En especial, las referidas a la imposibilidad de evaluar sus fuentes de financiamiento. Según el registro de armas, hay fondos extrapresupuestarios que no están al alcance de las auditorías de la AGN.

El Renar es uno de los organismos que apela a una opaca norma impuesta en los años 90, por la cual una parte importante de su actividad es financiada por "entes cooperativos". Así, no depende del presupuesto asignado al Ministerio de Justicia: cuenta con una caja propia.

En el caso del Renar, el ente cooperativo es la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca (Aicacyp). El 80% del personal del Renar es financiado por ese fondo, compuesto por ingresos de trámites y aportes de empresas vinculadas con las armas. También de esa caja salen desde el pago de la comida diaria y el servicio de salud del personal hasta el arreglo de fotocopiadoras del Renar. La AGN no pudo auditar esa situación.

Con obstáculos colocados incluso a los organismos de control, las informaciones sobre la cantidad de armas en la Argentina queda bajo el cerrojo oficial. En forma indirecta, aunque con datos oficiales, puede conocerse la real dimensión del problema: hay al menos un arma en 1.800.000 hogares. Como mínimo, 800.000 armas más que las que tiene registradas el Renar.

Esa cifra surge de la encuesta nacional de factores de riegos del Ministerio de Salud de la Nación, de 2009. El 7,9% de los 35.000 mayores de 18 años consultados dijo que en su casa hay un arma.

LA TENENCIA DE ARMAS ESTÁ FUERTEMENTE REGULADA

En los últimos cuatro años el promedio de aprobación de licencia de legítimo usuario de armas fue de 50.000 casos cada 12 meses. Esa credencial permite la tenencia de un arma de uso civil, que en el caso de revólveres o pistolas alcanza hasta el calibre 32. Ese permiso no habilita a portar el arma, sino sólo a conservarla en un lugar preestablecido y a transportarla sin municiones o sin el cargador colocado, es decir, no en condiciones de uso inmediato.

Esa licencia de legítimo usuario permite a quien la posee la compra de un arma hasta el calibre permitido en cada caso. Por encima del 32 se denomina de uso civil condicional y debe justificarse el motivo por el que se la requiere. Las licencias son renovadas cada cinco años.

En el caso de una persona mayor de edad que quiera acceder por primera vez a un arma, cualquier sea la razón por la cual desee adquirirla, antes de pasar por una armería deberá conseguir en el Renar la licencia de legítimo usuario de armas de fuego. Ese trámite establece, entre otros puntos, que el interesado pueda justificar sus ingresos y sea evaluado positivamente en exámenes físicos y psicológicos (los aptos deben presentarse por separado). Eso, y la falta de antecedentes penales

Además se requiere un certificado de idoneidad en el uso de armas, por lo cual deberá pasar obligatoriamente por un curso de tiro para conseguir la aprobación de un instructor habilitado (normalmente, eso se cumple en los clubes de tiro). Con esos papeles deberá esperar entonces la aprobación del Renar.

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