El País, 4 dic 2008.

Más de 100 países firman en Oslo la prohibición total de este tipo de armamento - Estados Unidos, China, India, Rusia e Israel se niegan a suscribir el acuerdo. Otros Gobiernos, como Brasil, también han declinado firmar alegando que necesitan tiempo para adaptar sus arsenales, pero se han comprometido a sumarse a él en el futuro. Sí se han adherido al tratado, en cambio, miembros de la OTAN como Reino Unido, Francia, Alemania o España, y países en conflicto como Afganistán.

Un centenar de países han dado en Oslo un paso sin precedentes para liberar al mundo de las bombas de racimo, unas armas diseñadas para sembrar el terreno de pequeñas cargas explosivas que, tras el fin de las guerras, causan durante décadas la muerte de los civiles que viven en la zona.

La Convención sobre las Bombas de Racimo, firmada en la capital noruega entre ayer y hoy, prohíbe la fabricación, almacenamiento, venta y uso de este armamento. Un acuerdo calificado como "histórico" por los países firmantes, pero que nace con el importante borrón de no estar apoyado por los principales fabricantes y consumidores de estas bombas: Estados Unidos, Rusia, China, Israel, India y Pakistán.
"Es cierto que hay ausencias importantes, pero el mundo debe saber que el paso dado es muy importante", sostiene Daryl Kimball, director de la organización Arms Control Association, con base en Washington. "Con más de 100 países comprometidos en su prohibición, el Gobierno que utilice una bomba de racimo a partir de ahora sentirá los reproches de la comunidad internacional y deberá dar muchas explicaciones", añade.

Ratificación del acuerdo

El acuerdo firmado en Oslo, que entrará en vigor cuando sea ratificado por 30 países, da un plazo de ocho años para destruir las bombas de racimo de los arsenales. Además, los Gobiernos estarán obligados a tomar las medidas necesarias para limpiar en una década la "munición que se encuentre en los terrenos bajo su jurisdicción y control". A las víctimas de las bombas de racimo (más de 110.000, según un estudio del grupo Handicap International), el tratado les confiere el derecho a recibir asistencia médica, rehabilitación y apoyo psicológico.

La aplicación de estas medidas deberá llevarse a cabo mediante planes nacionales, cuyo cumplimiento será supervisado por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon -que actuará como depositario del tratado- mediante informes en los que los Gobiernos deberán comunicar las medidas adoptadas para cumplir sus cláusulas.

Algunas organizaciones critican que hayan quedado fuera de la prohibición armas muy parecidas a las de racimo, como aquellas que cumplan, entre otros, los siguientes requisitos: contener menos de 10 cargas explosivas (en lugar de varias decenas o cientos, como es habitual), estar diseñadas para atacar un simple objetivo (en lugar de varios diseminados en una amplia superficie) y contener mecanismos electrónicos que desactiven las cargas que no estallen al tocar el suelo. El texto también permite a los Ejércitos de los Estados firmantes cooperar con otros que sí utilicen las bombas de racimo, un punto incluido en las negociaciones para que países como Reino Unido pudieran sumarse al tratado sin poner en peligro su colaboración con Estados Unidos. La cooperación entre un país firmante y otro deberá cumplir, sin embargo, una condición básica: que el Ejército del primero no se apoye en el segundo, o se beneficie, de las armas de racimo que utilice el segundo en las operaciones militares.

Los expertos consultados consideran que las excepciones contenidas en el acuerdo firmado en Oslo le quitan algo de peso respecto al firmado en Ottawa en 1997, por el que se prohibieron las minas antipersona y que ya han ratificado 150 países. "Pero este tratado aporta una novedad muy importante y valiosa: la definición y el reconocimiento de derechos a las víctimas de las bombas de racimo", explica Kimball.

Las bombas de racimo han sido ampliamente usadas en todos los conflictos importantes desde la II Guerra Mundial. Sólo en el conflicto que en el verano de 2006 enfrentó a Israel y la milicia chií libanesa Hezbolá, más de un millón de cargas explosivas sin explotar quedaron diseminadas sobre el terreno, según Arms Control Association.

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